La sanidad pública no puede vivir de espaldas a la sanidad privada; ambas son necesarias y se complementan. Esta es la idea con la que me gustaría comenzar esta tribuna porque la actual situación económica y la tensión política del momento ha acentuado en los últimos meses el debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario español y el papel que juega y debe jugar la sanidad privada.

Últimamente se habla mucho, y no de forma acertada, de privatización de recursos públicos y no debemos confundir a la sociedad. Lo que existe actualmente, sobre todo en algunas comunidades autónomas, es una estrecha colaboración entre sistema público y privado que tiene como objetivo prestar al ciudadano la mejor atención sanitaria. Esta colaboración se centra principalmente en dos aspectos: uso de recursos privados para reducir listas de espera en la sanidad pública y concesión de los cuidados de la salud de miles de ciudadanos y de poblaciones enteras a entidades aseguradoras (por ejemplo colectivos de funcionarios o modelo sanitario de Alcira, en Valencia).

Además, el seguro privado también contribuye a sufragar parte del gasto que supone la sanidad en nuestro país, cerca de 100.000 millones de euros al año (9 por ciento del PIB). Dos terceras partes de este gasto se financia con nuestros impuestos, y otra tercera parte procede asimismo de nuestro bolsillo a través de seguros sanitarios, pago de medicamentos, salud dental,etc.

Si queremos un sistema sanitario sostenible no cuestionemos más la sanidad privada. Este sistema atiende actualmente a más de 10 millones de ciudadanos y aporta una asistencia rápida, libertad en la elección de médico y hospital y una calidad equiparable a la sanidad pública. Cuenta, además, con una red de casi 500 hospitales, más de 54.000 camas, mantiene cerca de 360.000 puestos de trabajo, y realiza al año millones de consultas y miles de intervenciones. Asimismo, podemos destacar que la sanidad privada realiza significativas inversiones para disponer de la última tecnología y poder abordar así las enfermedades más graves.

La sanidad privada busca rentabilidad y eficiencia, siempre con el objetivo de prestar el mejor servicio y atención al paciente. Mientras, en el sistema público,en ocasiones la voluntad política está por encima de la eficiencia y se mantienen planteamientos sanitarios ineficientes para el paciente. Sin embargo,en ningún caso se puede plantear que la sanidad privada pueda sustituir al sistema público, ni es intención de la sanidad privada hacerlo.

Hablamos de colaboración público-privada, y a pesar de las amenazas periódicas que algunos políticos vienen haciendo a este modelo, creemos que esta colaboración debe estabilizarse para garantizar el estímulo inversor de la sanidad privada. Es conveniente más confianza entre ambos sectores.

A pesar de las dificultades económicas que estamos atravesando, insistiría en que actualmente 10 millones de personas confían en el sistema sanitario privado. De ellos 2 millones son funcionarios, que pueden elegir y eligen el sistema privado, y el resto (8 millones) pagan dos veces por su asistencia, una a través de sus impuestos y la otra voluntaria a una compañía de seguros. Gracias a este doble pago, la medicina privada descarga al sistema público de miles de cirugías, consultas, pruebas e ingresos hospitalarios, que de otro modo empeorarían aún más las cuentas y las listas de espera de una sanidad pública a que todos tenemos derecho.

Puesto que la contratación voluntaria de las pólizas de seguros de salud ayuda al sistema público a resolver, en parte, sus problemas de financiación, se deberían tomar medidas que incentiven esta decisión de los asegurados.

Por su parte la sanidad privada debe trabajar para dar a conocer a la población en general sus ventajas y sus resultados. La transparencia de sus datos debe ser el objetivo fundamental, y se ofrece para que los mismos sean comparados con el sistema público.

En España, como en el conjunto de los países industrializados, con la única excepción de Estados Unidos, conviven el modelo público y privado. Del sistema sanitario público español son atributos fundamentales la cobertura universal y la financiación predominantemente pública. Del sistema privado, destacaría que ninguna de sus actuaciones quiere poner en cuestión los valores del sistema público para la sociedad española, reivindicando éstos como necesarios, más aún en el momento actual. Lo que ofrece el sector privado es su colaboración apostando por la convivencia y con la convicción de que su aportación, puede contribuir a afianzar el Sistema Nacional de Salud y hacerlo sostenible.

La Administración Sanitaria no puede seguir planificando soluciones de espaldas al 30 por ciento de sus recursos y a los 10 millones de españoles que han optado por buscar alternativas. Se impone la necesidad de un pacto sanitario. La sanidad privada se ofrece para ser parte de la solución.